La Fiscalía de São Paulo ha pedido prisión preventiva para el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El exmandatario, del Partido de los Trabajadores (PT), fue denunciado por este mismo organismo el miércoles por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Ahora, los fiscales aseguran que existe riesgo de fuga y de que obstaculice las investigaciones.
La petición de cárcel para Lula, divulgada íntegramente por el portal jurídico Jota, es contundente. Argumenta que una fuga de Lula sería "extremadamente simple" y sostiene que, al aislarlo, garantizarían "el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley". Los fiscales expresan su temor de que el expresidente movilice a su "red violenta de apoyo" para obstaculizar el proceso en su contra y que amenace a víctimas y testigos.
La acusación también ataca a la presidenta de la República porque pretende "blindar al denunciado, erigiéndolo en un ciudadano por encima de la ley".
Desde hace días, en Brasilia llueven los rumores sobre la posibilidad de que Rousseff le ofreciese a su padrino político un puesto en el Gobierno para convertirlo en aforado, informa Afonso Benites. Mientras este ocupase la cartera solo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal. Parte de la opinión pública ve la posibilidad de un nombramiento como una especie de confesión de culpabilidad de Lula y como una señal de la pérdida de poder de la presidenta.
El presidente nacional del PT, Rui Falcão, calificó este jueves la petición de prisión preventiva de "mediática". "Va en la línea de lo que hace este fiscal y sus compañeros: denunciar sin pruebas al presidente Lula", comentó.
"El fiscal que anticipó su decisión de denunciar a Luiz Inácio Lula da Silva antes de escucharlo dio otra prueba de parcialidad al solicitar su detención preventiva", reaccionó el Instituto Lula, una fundación encabezada por el exjefe de Estado y que opera como su portavoz. El comunicado insiste en que hay documentos que demostrarían que Lula no es el propietario del apartamento. "Pese a eso, solicita medida cautelar contra el expresidente en otro triste intento de usar su cargo para fines políticos', asegura.
La jueza debe ahora decidir si acepta o rechaza la solicitud. No hay un plazo establecido para que responda. Si fuera condenado, el expresidente podría tener hasta 13 años de cárcel.
Los fiscales piden, además, prisión preventiva para Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS (investigada en el caso Petrobras), y para el extesorero del PT João Vaccari Neto, detenido en la operación anticorrupción Lava Jato.
La denuncia
La Fiscalía de São Paulo, la misma que ahora pide cárcel, denunció el miércoles a Lula da Silva por lavado de dinero y ocultación de patrimonio, menos de una semana después de que fuese interrogado en otra investigación paralela por supuesta corrupción en la estatal Petrobras. Según la acusación, Lula y su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, ocultaron la propiedad de un apartamento de lujo en Guarujá (litoral del Estado). La vivienda está al nombre de la constructora OAS, y Lula siempre ha negado que fuese suya.
La gran investigación del caso Petrobras (Operación Lava Jato) también menciona el apartamento como prueba de que Lula recibió beneficios ilícitos de constructoras. En el marco de la Lava Jato, la policía registró el viernes pasado la casa del exsindicalista. Tras interrogarlo sobre su supuesto enriquecimiento gracias a desvíos de dinero de Petrobras en los años de su Gobierno, la Fiscalía publicó un durísimo comunicado acusándolo ser "uno de los principales beneficiarios" de la corrupción de la estatal.
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